Certificados de ahorro energético (CAE): qué son, fichas, precio y cómo los usa una empresa

El sistema lo creó el Real Decreto 36/2023, y el catálogo de actuaciones estandarizadas lo aprobó la Orden TED/845/2023, que la Dirección General de Política Energética y Minas actualiza por resolución a medida que se añaden fichas [2][3]. Cada año, una orden ministerial fija cuánto ahorro tienen que acreditar los obligados y a qué precio pueden pagarlo en efectivo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Para 2026 es la Orden TED/133/2026, publicada en el BOE el 27 de febrero [1].

La lógica es sencilla: si un MWh ahorrado mediante CAE cuesta menos que pagarlo al fondo, el obligado prefiere comprar CAE. Por eso la equivalencia financiera del fondo funciona en la práctica como el techo del precio del certificado.

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   El propietario del ahorro hace la actuación

   Es la empresa, comunidad o particular que invierte y deja de consumir energía: por ejemplo, la planta que sustituye su caldera de gas por una bomba de calor.

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   Un sujeto delegado prepara el expediente

   Normalmente el propietario cede el ahorro a un sujeto delegado, una empresa acreditada que reúne la documentación, calcula el ahorro con la ficha correspondiente y gestiona la venta. A cambio se queda una parte del precio.

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   Un verificador lo valida

   Un organismo de verificación acreditado comprueba que la actuación existe, que cumple la ficha y que el ahorro está bien calculado.

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   La comunidad autónoma emite los CAE

   El ahorro verificado se inscribe en el registro y se emiten los certificados. En el País Vasco lo gestiona el Ente Vasco de la Energía (EVE) [4].

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   El sujeto obligado los compra y los liquida

   Comercializadoras de electricidad y gas, y operadores de productos petrolíferos y GLP, compran los CAE y los entregan para cubrir su obligación anual.

La Orden TED/133/2026 fija para 2026 un objetivo de 801,822 ktep, equivalentes a 9.325 GWh, con una equivalencia financiera de 2,31 millones de euros por ktep, que son 198,62 €/MWh. Al menos el 8 % de la obligación debe pagarse en efectivo al fondo; el resto puede cubrirse con certificados. La misma orden prevé que la obligación crezca a 900 ktep en 2027 y 950 ktep en 2028, con una equivalencia de 2,43 y 2,50 millones por ktep, y que el mínimo en efectivo baje al 5 % en 2028 [1]. Más obligación y menos parte en efectivo quieren decir más demanda de CAE en los próximos años.

Las fichas son la parte práctica del sistema. Cada una describe una actuación tipo —qué hay que hacer, qué requisitos debe cumplir y con qué fórmula se calcula el ahorro— para que no haga falta medir cada caso. La versión del catálogo de julio de 2024 recoge 114 fichas, de las que 28 son del sector industrial; el resto se reparte entre residencial, terciario, transporte y otros sectores [3].

Cuando una actuación no encaja en ninguna ficha —por ejemplo, una bomba de calor de alta temperatura integrada en un proceso concreto—, se puede tramitar como actuación singular. En ese caso el ahorro no se calcula con una fórmula tipo sino con un plan de medida y verificación antes y después, lo que alarga el expediente pero permite certificar ahorros grandes que ninguna ficha recoge.

No existe un índice oficial del precio de los CAE: cada operación se negocia entre el sujeto delegado y el obligado. Lo que sí hay es un techo, la equivalencia financiera de 198,62 €/MWh en 2026, por encima del cual al obligado le compensa pagar al fondo [1]. Las referencias sectoriales sitúan el precio habitual de 2025 y 2026 entre 115 y 140 €/MWh, con estimaciones que van de 85 a 155 €/MWh según el volumen, la ficha y el momento [5][6].

La cifra que cobra la empresa que ahorra es menor que ese precio, porque el sujeto delegado se queda una comisión por preparar el expediente, pagar la verificación y asumir el riesgo de la venta. Conviene pedir varias ofertas y comparar el precio neto por MWh, el plazo de pago y quién asume el coste si el verificador rechaza el expediente.

En 2024, la empresa ATUSA, en el polígono industrial de Agurain (Álava), sustituyó tres calderas de gas de 121 kW, 194,4 kW y 26,4 kW por bombas de calor con un SCOP de 6,19. El expediente se tramitó con tres fichas IND040 y acreditó un ahorro de 894.282 kWh al año. Entre la firma del convenio con el sujeto delegado y la emisión de los certificados pasaron unos dos meses, del 18 de octubre al 20 de diciembre [4].

A los precios de mercado habituales, ese ahorro vale entre 103.000 y 125.000 € (cálculo propio con 115-140 €/MWh). Es una cantidad comparable a la de una ayuda pública grande, y llega en semanas en lugar de en meses.

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   Identificar la ficha antes de la obra

   Comprobar qué ficha aplica, o si hará falta actuación singular, y qué documentación exige: consumos previos, características del equipo antiguo y del nuevo, horas de funcionamiento.

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   Elegir sujeto delegado y firmar el convenio

   Comparar el precio neto que ofrece cada uno, el calendario de pago y quién asume el riesgo del expediente. El convenio suele firmarse antes de ejecutar.

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   Ejecutar y documentar

   Facturas, fichas técnicas, fotografías, certificados de instalación y, si es actuación singular, las mediciones antes y después.

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   Verificación y emisión

   El verificador revisa el expediente y la comunidad autónoma emite los certificados en el registro.

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   Cobro

   El sujeto delegado vende los CAE al obligado y paga a la empresa lo acordado.

• Sustituir calderas de gas, gasóleo o propano por bombas de calor: el ahorro de energía final es grande porque la bomba de calor entrega tres o más unidades de calor por cada unidad de electricidad.
• Recuperar calor de compresores, centrales de frío y procesos: con frecuencia es la inversión más pequeña por MWh ahorrado y tiene fichas propias.
• Renovar enfriadoras de proceso, motores y variadores, y sistemas de aire comprimido.
• Implantar sistemas de gestión energética que reduzcan consumos medibles.

Un sujeto delegado que trabaja con la industria ha publicado expedientes muy grandes: 3,57 millones de euros por recuperación de calor en hornos, 3,69 millones por recuperar el calor del aceite de doce compresores de amoníaco y casi 95.000 € por recuperación de calor en un circuito frigorífico [4]. Son casos extremos, pero muestran que en la industria el CAE puede pesar tanto como la propia inversión.